Consultoría, desarrollo, implantación y soporte del Registro de Operadores Terrestres de Canarias y su cuadro de mando en la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C6. I4-CCAA), financiado con fondos Next Generation EU.

Duración y prórrogas

Duración: 30 meses

Criterios de adjudicación

• A. Memoria Técnica(Juicio de valor)Ponderación: 40
• D. Oferta económica(Automático)Ponderación: 30
• C. Equipo de trabajo(Automático)Ponderación: 18
• B. Condiciones laborales(Automático)Ponderación: 12

Solvencia económica y financiera

• Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario, por importe igual o superior a un quinientos cuarenta y nueve mil diez euros con cuarenta y dos céntimos (549.010,42 €). El licitador deberá acreditar por medio de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro y, en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial en que debe estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizadas por el Registro Mercantil. En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario.

Solvencia técnica o profesional

• Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyan el objeto del contrato en los últimos tres (3) años, en la que se indique el importe, fecha y destinatario, público o privado de los mismos y cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a trescientos ochenta y cuatro mil trescientos siete euros con veintinueve céntimos (384.307,29 €). Se deberá acreditar en esos tres años actuaciones tanto con el CPV de consultoría informática (72000000-5. Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo o 72200000-7. Servicios de programación de software y de consultoría) como en el de asesoría jurídica (79111000-5. Servicios de asesoría jurídica o 79140000-7. Servicios de asesoría e información jurídica), y en el caso de que se subcontrate la parte jurídica, se deberá incluir la información del contrato correspondiente de subcontratación. Las licitadoras deberán cumplir la política de seguridad establecida en el artículo 12 Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, de acuerdo con lo exigido en el artículo 2 del mismo texto. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad. Cuando se vaya a realizar un tratamiento por cuenta de un responsable del tratamiento, el encargado debe tener capacidad suficiente para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas para cumplir la normativa de protección de datos por lo que el licitador debe estar en disposición de cumplir las medidas de seguridad que se impongan en el encargo del tratamiento.

Garantías

• Definitiva: 5 %

Requisitos específicos

• No prohibición para contratar
• Capacidad de obrar