Servicio de vigilancia y protección en el municipio de Santa Margalida, previa autorización de la Delegación del Gobierno en Islas Baleares.

Duración y prórrogas

Duración: 2 años

Prorrogable por una anualidad mas

Criterios de adjudicación

• Oferta económica más baja respecto del precio por hora(Automático)Ponderación: 40
• Instalación de cámaras de videovigilancia en las instalaciones municipales(Automático)Ponderación: 20
• Reducción del plazo para sustituir el personal adscrito en caso de ausencias(Automático)Ponderación: 20
• Instalación de alarmas de intrusión en los edificios municipales(Automático)Ponderación: 20

Solvencia económica y financiera

• Cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil si el empresario estuviese inscrito en dicho registro, en caso contrario por lo dispuesto en el Registro Oficial en el que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil, acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil El volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos años finalizados deberá ser de al menos 46.380,80.-€

Solvencia técnica o profesional

• Una relación de los principales servicios o trabajo realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, dónde se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos, cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia, los poderes adjudicatarios podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de los servicios oportunos efectuados con una anterioridad superior a tres años. El importe anual acumulado del año de mayor ejecución debe ser igual al 70% de la anualidad media del contrato, es decir 32.466,56.-€

Garantías

• Definitiva: 5 %

Requisitos específicos

• Capacidad de obrar
• Cumplimiento con las obligaciones tributarias
• No prohibición para contratar
• No estar incurso en incompatibilidades
• Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
• Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social